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modelar el desarrollo sin democracia (por gerardo seminario)

gerardo seminario es un viejo invitado de este blog. ya varias veces he publicado artículos suyos, y este sobre majaz el desarrollo y la democracia será uno más.

si quieres ver todo el archivo de gerardo en este blog en el morsa, has click aquí.

Modelar del desarrollo sin democracia. Sobre las industrias extractivas y sus reiterados conflictos.
Gerardo Seminario N.

Ahora que por la consulta en Ayabaca y Huancabamba se repiten los calificativos de “comunista” y “neoliberal”, es conveniente considerar los conflictos no como reacción contra las industrias extractivas, sino como síntoma de un modelo de desarrollo errado, que se centra en cifras macroeconómicas y esconde desigualdad y falta de democracia.

Con las proyecciones de crecimiento de precios de hidrocarburos y minerales en el mercado internacional y la posición expresa del ejecutivo a favor de la expansión de las industrias extractivas, los escenarios de conflicto están pasando a ser parte de nuestra cotidianeidad. Existe entonces el riesgo de que las posiciones con respecto a estas actividades acentúen la tendencia actual a la polarización.

Es así que se tiende a representar al país como inherentemente minero (un mendigo sentado sobre un banco de oro), a las industrias extractivas como su salvador y a los detractores de estas como subversivos. En el cuadro inverso, las industrias extractivas son intrínsecamente destructoras del medio natural y social, mientras sus detractores son paladines justicieros de las comunidades campesinas y nativas.

Aunque una caricatura, esta clasificación simplista deja ver la ideologización del debate. En la práctica es claro que la realidad es mucho más compleja. Las poblaciones impactadas suelen estar divididas, presentan posiciones diversas y a veces contradictorias con respecto a la presencia de la empresa en su territorio y las empresas han mostrado variados niveles de responsabilidad con respecto a sus impactos en las diferentes etapas de su actividad.

Sin embargo, no conozco a la fecha ningún caso en el que una actuación responsable de parte de la empresa se haya dado sin la presión de algún tipo de protesta social: desde la contaminación asesina de PlusPetrol y Doe Run, pasando por los tratos inhumanos e injustos a los trabajadores por parte de Shougang y Southern hasta la solución de los cientos de afectaciones a tierras de cultivo en selva y sierra por parte de TgP. Las empresas han asumido su responsabilidad sólo tras la toma de sus instalaciones, bloqueos de carreteras, enfrentamientos abiertos, constantes huelgas de sus trabajadores y la denuncia sobre la violación de derechos ante organismos nacionales e internacionales, instituciones estatales y medios de comunicación.

De otro lado, es también cierto que las empresas se asientan sobre situaciones preexistentes que dan forma a la posterior interacción con los actores. Un ejemplo de esto son los conflictos internos preexistentes en el distrito de San Marcos sobre los que Antamina se vino a instalar.

No se trata de satanizar ni de justificar a las industrias extractivas, sino de observar los conflictos como una realidad latente cuya solución requiere una explicación más completa, pues las posiciones en uso no son del todo útiles. Por un lado, la caricatura expuesta por el gobierno sobre la instigación de grupos cuasi subversivos de izquierda crea monstruos inexistentes. Cualquiera que conozca CONACAMI, las principales ongs ambientalista y las agencias de cooperación técnica que las financian, sabe en qué medida las declaraciones que sobre ellas hace el gobierno son mínimamente descabelladas. Por otro lado, la más aceptable posición que explica el conflicto como reacción a la opción neoliberal del gobierno y su tendencia a privilegiar los grandes capitales sobre los derechos de los que viven en los márgenes de la sociedad (campesinos e indígenas, por ejemplo), aunque mucho más realista no termina de ser completa.

Hasta cierto punto, se podría decir que el conflicto no siempre es un reclamo por igualdad y derechos. Pienso que la explicación se complementa si tomamos en cuenta que existen casos en que los actores se han movilizado y desmovilizado por intereses en cierto sentido particulares. Es decir, en un nivel importante los que protestan no se han comprado el paquete completo de ciudadanía, derechos y democracia.

En varias oportunidades se trataría de una negociación por privilegios, basada en una lógica clientelar que comparten Estado, empresa y población impactada. Pienso que en ciertos casos el conflicto no se desata -o se soluciona- en la medida que la empresa instaura lazos clientelares con los sectores de la población que detentan en su momento la cuota mayor de poder.

En este sentido la apuesta por democracia e igualdad puede ser un factor disruptivo no sólo cuando provenga de la población sino de cualquiera de los otros actores: Estado o empresa.

En la práctica, para que la empresa realice una labor responsable y solucione los impactos de su actividad y para que el Estado asuma su obligación de vigilancia y fiscalización para garantizar los derechos de las poblaciones impactadas, se ha requerido de algún nivel de presión social. Pero lo anterior no debiese llevarnos necesariamente a pensar que la movilización social de campesinos, indígenas, trabajadores sindicalizados, ongs y otros, es necesariamente una reacción democrática o una defensa del estado de derecho. Deberíamos siempre preguntarnos hasta qué punto los grupos sociales impactados por las industrias extractivas están atravesados por la retórica de la democracia y la igualdad ciudadana.

Con esta reflexión lo que busco resaltar es que el conflicto no es una respuesta a la actividad minera sino un síntoma de falta de democracia, que es entendida como factor clave del subdesarrollo. Cualquier proyecto de país y de desarrollo de este pasa por la democratización de la sociedad, tarea que le corresponde primordialmente al gobierno, pero de la que no estamos exentos los demás actores.

Entonces ¿Es la apuesta por las industrias extractivas un modelo de desarrollo errado? Es un modelo errado cualquiera que considere que el desarrollo es consecuencia única del crecimiento de cifras macroeconómicas y no contemple la democratización de la sociedad, venga este impulso del Estado, la sociedad civil o la empresa privada. Pero, si se quiere proponer a la empresa como un actor clave en la tarea del desarrollo, entonces le corresponde tanto como a la sociedad civil y al Estado construir un país democrático de ciudadanos iguales.

La respuesta simplista y reduccionista desde el gobierno que señala a las ongs ambientalistas como enemigos subversivos contrarios al desarrollo, es sólo un síntoma de que son estás quienes han asumido con mayor compromiso una tarea que corresponde no única pero sí primordialmente al Estado y a nuestros gobernantes, la defensa del estado de derecho

En todos aquellos casos en que Estado, empresa y sociedad continúen reproduciendo una cultura antidemocrática, basada en el privilegio económico de un grupo y la postergación de otros, continuaremos dando vueltas en el mismo lugar, viendo los conflictos iniciar, negociarse, apagarse y prenderse otra vez. Las industrias extractivas no son un problema en sí y los constantes conflictos no son su consecuencia sino síntomas de un país donde impera la falta de democracia.
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7 comentarios:

  1. Anónimo said,

    ¿En que ONG trabaja Gustavo Seminario? ¿Cuantos de sus patas trabajan en una? Eso de que las ONG son las salvadoras de la democracia me parece jocoso.

    on 10:03 p. m.


  2. Roberto said,

    anónimon: es bien simple. sin ong's (y luego, sin partidos), no hay sociedad civil at all y la movilización social queda en manos del estado. y eso sería regresar al velasquismo (o ya, el favorito de todos, el chavismo), y eso es algo que no queremos, ¿verdad?

    yo diría, sí, que hayan ong's, de izquierda, de derecha, de centro, del pato donald.

    on 10:18 p. m.


  3. G. Seminario N. said,

    Estimado, anónimo y perdido comentarista, de Gustavo no sé nada, pero de Gerardo puedo decir que en calidad de consultor independiente ha trabajado y trabaja para ongs, Estado y sorpresa!, empresa privada, lo que le permite decir un poquito de cada una de estas y no ver un monstruo en ninguna. Sus amigos lo mismo y por conversaciones privadas sé que están de acuerdo con lo expresado en el artículo. Incluso aquellos que trabajan para mineras o petroleras. ¿Es esto sorprendente? Para nada. Hace muy poco una amiga que trabaja en una editora grande, me pidió ayuda para diseñar una línea de productos que buscan cubrir el sector de mercado compuesto por las actividades de responsabilidad empresarial de empresas mineras. Su necesidad salía de que han rebotado ya varias veces con ellas porque no manejan un lenguaje de proyectos. Resulta que ciertas mineras prefieren trabajar con ongs porque conocen mejor cosas sobre sostenibilidad impacto, formulación de resultados, elaboración de líneas de base, mantienen mejores relaciones con las comunidades, etc. Antamina lo ha hecho y creo que aún lo hace, Pluspetrol ha contratado a ProNaturaleza y WWF y así, busca más ejemplos y encontrarás mucho. ¿Y el Estado? Bueno yo he participado en investigaciones para las que el MINEDU contrataba a ongs porque no tenía capacidad de ejecutar ellos el trabajo, la ministra de trabajo formaba parte de una ong. Me imagino que aún es asociada y estoy seguro de que si miras el gabinete y el congreso con cuidado encontrarás muchos apristas con vinculación con ongs. Es más, si no me equivoco hasta el director de la APCI era miembro de una ong.

    Y es que, como dije en el artículo el asunto no son las ongs o el Estado o las empresas privadas, sino un modelo de desarrollo. ¿De dónde saco que las ongs han asumido mayor compromiso que el Estado sobre esta tarea? Pues además de las muestras cotidianas en el accionar del gobierno y de las ongs, tuve la suerte de participar en la reunión de la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) con la COEECI (Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional) en la cual Agustín Haya se presentaba como nuevo director. Allí remarcó las líneas de trabajo expuestas por el presidente en su discurso al asumir el cargo y señaló cómo en conversación privada él le había señalado que la APCI debía reforzar este enfoque basado en cubrir las necesidades. Un miembro del directorio de la COEECI dejo ahí sentado que muchas de las organizaciones que esta entidad agrupa se enfocaba más en derechos que en necesidades. No supimos ver, pero allí ya había un adelanto de lo que sería el intento de ampliación de atribuciones a la APCI para “priorizar” el uso de fondos privados que reciben estas entidades.

    Pero como mostré antes, el propio gobierno y la empresa privada contratan con ongs. En la práctica, tu crítica te deja en solitario. La campaña contra las ongs tiene nombre propio, va en contra de ciertas ongs y agencias de cooperación. ONGS dedicadas a los DD.HH. como IDEELE o APRODEH, ongs dedicadas a defensa de derechos frente a la explotación minera como Cooperación, GRUFIDES, otras que trabajan con campesinos en zonas complicadas como Cepes, Agencias de Cooperación dedicadas a medio ambiente y defensa de derechos de pueblos indígenas o sólo de grupos excluidos, como: Oxfam, 11.11.11 e IBIS, movimientos sociales como MUQUI, CONACAMI o AIDESEP, etc.

    Se trata de un pequeño grupo, por eso es que la ley buscaba “priorizar”. No se iba a tocar a todas, sólo a aquellas que por la defensa de derechos de grupos especialmente impactados -sea por la violencia del estado y la impunidad o por la violencia y arbitrariedad de ciertas empresas dedicadas a la extracción de minerales e hidrocarburos-, fueran incómodas para la prioridad del gobierno de dar crecimiento al PBI, privatizar y concesionar todo lo que se pueda y como sea y conseguir la inversión otorgando ventajas tributarias y márgenes de impunidad sobre violaciones de DD HH. En total, los afectados por este modelo de desarrollo no se merecen el mismo trato que los limeños de clase media y lo importante es aumentar las reservas y no democratizar la sociedad.

    Eso sólo sirve para evitar dictaduras o proyectos políticos descabellados que hagan crecer el resentimiento de excluidos, promuevan la violencia y el caos, sólo sirve para evitar la corrupción y las arbitrariedades en el manejo económico y cosas como esas que impiden tener un Hugo Chavez mañana gobernándonos u otra banda como la de Fujimori y Montesinos o tal vez algo peor, más africano, levantándose el país a como sea. La democracia no sirve de nada como veo, no hay que defender un modelo que la incluya. ¿qué raro entonces que ciertas empresas y algunas partes del propio Estado piensen diferente? Todavía estamos en un país esquizoide.

    on 10:17 a. m.


  4. Carlitos said,

    Acaban de intervenir a radio Orion de Pisco y le han quitado sus equipos. Nadie dice nada. Acaso solo se defiende la libertad de expresion para Venezuela pero en nuestro propio pais todos se quedan calladitos ? El cuento es el mismo se le vencio la licencia y el MTC no se la ha renovado?

    on 11:05 a. m.


  5. Anónimo said,

    Interesante el enfoque, mientras los gringos (y nosotros lo hemos vivido con Fujimori) sufren el dilema: seguridad vs. democracia, nosotros arrastramos el conflicto: desarrollo vs. democracia...

    Personalmente, lo que más me desagrada en estos conflictos (especialmente, en lo que ocurre con la minería y ahora, Majaz) es la retórica de todos los implicados: altisonante, despectiva, impositiva... por tanto, anti-democrática.

    Y sólo para complementar el punto (donde concuerdo con el Morsa): como individuos requerimos mediaciones para interactuar en sociedad. De lo contrario, es cada uno (con su pañuelo) frente al Estado o... peor, el dictador de turno... A no tumbarse a la sociedad civil, porque allí están las ONGs, las empresas, los clubes departamentales, las bandas de rock, sus fanáticos, etc., etc., etc...


    Abred

    on 1:53 p. m.


  6. LuchinG said,

    ¿Y sobre el dia de acción del blog, vas a hacer algo?

    on 4:29 p. m.


  7. Roberto said,

    sip

    on 6:27 p. m.