El viejo blog del Morsa

Amores perros por Nelson Manrique
Fuente: Perú 21. 30 de Octubre 2006,

La línea del gobierno de Alan García empieza a preocupar hasta a sus más bien intencionados defensores. Ha provocado alarma la aprobación en el Parlamento, en una primera votación, de un proyecto de ley que pretende dar al gobierno la potestad de controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) sacándose de encima la fiscalización de organizaciones de la sociedad civil en temas sensibles, como la defensa del medio ambiente y los derechos humanos. "En esta votación del Proyecto de Ley 27692 -dice Mirko Lauer, a quien nadie podría acusar de antiaprista- es la primera vez que aprismo, fujimorismo y pepecismo aparecen tan nítidamente unidos".
La alianza del Apra con la derecha se basa en el interés común de impedir que se fiscalice a las empresas mineras, cuando varias de ellas enfrentan un creciente descontento por la forma como depredan el medio ambiente.
La alianza entre el Apra y el fujimorismo busca garantizar la impunidad en los temas de corrupción y de violación de los derechos humanos y no ha empezado con la ley anti-ONG. Ella fue consagrada, en las elecciones, con la incorporación del contralmirante Luis Giampietri, del partido de Álex Kouri, a la candidatura aprista para la vicepresidencia de la República. Una vez en el poder la alianza se ratificó con el apoyo del Apra a la elección de María Luisa Cuculiza, para la Mesa Directiva del Congreso, y a la de Rolando Souza -nada menos que el abogado defensor de Alberto Fujimori- para la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, que debe supervisar el proceso de extradición de aquel a quien Souza ha defendido contra el Estado peruano. A esto hay que añadir la reactivación de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile, cuya presidencia se encargó adivinen a quién: Keiko Fujimori, la hija del reo sobre cuya extradición debe pronunciarse la justicia chilena.
Debe sumarse a esta ya algo larga relación de públicas declaraciones de amor del Apra hacia el fujimorismo el desmantelamiento de la procuraduría encargada de la extradición de Fujimori, y su encargo a un jurista que ha tenido la sinceridad de confesar que conoce sobre el caso solo lo que publica la prensa. Como era de esperarse, el Gobierno ha dejado de dirigirse a los gobiernos amigos para solicitar su apoyo para lograr la extradición del acusado, y de pronunciarse en cualquier instancia sobre el tema, "para no politizar el caso", argumento que aparentemente no vale cuando los voceros gubernamentales se despachan contra Alejando Toledo.
La ley anti-ONG no es, pues, un desconcertante exabrupto. Puede adivinarse que será seguida por una nueva ofensiva del Apra, la derecha y los fujimoristas, contra la sala penal antiterrorista que preside Pablo Talavera, que debe enjuiciar a los militares acusados de violaciones de los derechos humanos durante los gobiernos de Alan García y Fujimori.
Este no es un romance de ocasión. Al contrario, es sólido, porque se basa en poderosos intereses compartidos.