para mi entra totalmente a colación por la idea de la justicia popular en los andes y por los riesgos que presuponen los vacíos de poder en el perú.
SENDERO: LA JUSTICIA COMO HORROR, por Eduardo Toche
Sendero Luminoso no fue el único actor subversivo en el mundo que utilizó el término de «justicia popular» para catalogar algunas acciones cuyo objetivo era ejercer un control directo sobre la sociedad. Lo utilizaron los jacobinos de la Francia revolucionaria, los bolcheviques en Rusia, los maoístas en China y dejemos allí la lista para no correr el riesgo de hacerla innecesariamente larga. En este sentido, siempre resulta útil deslindar entre lo que es la «justicia popular» ejercida por organizaciones subversivas de aquélla que emana desde la sociedad como complemento, contraposición o alternativa de la justicia ejercida por el Estado. Según Hans-Jüergen Brandt(1), la justicia popular es la justicia informal que subsiste arraigada en la tradición y los valores étnico-culturales, cuya eficacia reside en el respaldo consensual de su propia base social. Por ello, es una justicia legítima e incuestionable, frente al discutible derecho estatal y su escasa capacidad de protección ante la delincuencia. Entonces, siguiendo a Brandt, la justicia popular adquiere una connotación específica en función del ámbito cultural donde es aplicada y, de esa manera, por ejemplo, en las comunidades campesinas buscaría solucionar los conflictos apuntando a la paz social, más que a la resolución y ejecución de sanciones.
Así, si el sistema judicial formal es la expresión más firme de la eficacia que tiene el Estado en el control de la sociedad, la presencia de «bolsones» donde esta normatividad no es aplicada es un fiel indicador de su debilidad. Una muestra de la baja juricidad del Estado peruano está dada por la incertidumbre que se cierne sobre las propiedades campesinas. Por ejemplo, en Ayacucho el 67% de las comunidades campesinas no tienen seguridad jurídica. Guillermo Varela(2) afirma que de las 454 comunidades reconocidas en ese departamento, el 59% (268) estarían tituladas, mientras que el 41% restante estarían aún por titular. Por otro lado, del total de comunidades tituladas, sólo el 56% (150 comunidades) tendrían su título de propiedad inscrito en Registros Públicos, mientras que el 44% (118 comunidades) aún no ha formalizado su situación. Según los datos del Directorio de Comunidades Campesinas del PETT, del año 1998, el total de comunidades campesinas reconocidas en el departamento de Ayacucho sería de 346, distribuyéndose de acuerdo a provincias según el siguiente cuadro.
Comunidades Campesinas con título de propiedad de acuerdo a provincias
Provincia (Nº de CC tituladas)
Cangallo (36)
Huamanga (103)
Huancasancos (3)
Huanta (55)
La Mar (32)
Lucanas (29)
Parinacochas (14)
Paúcar del Sara Sara (10)
Sucre (10)
Victor Fajardo (23)
Vilcashuamán (31)
Total departamental (346)
Fuente: Directorio de Comunidades Campesinas del Perú, PETT, 1998
LA JUSTICIA SENDERISTA
Habíamos dicho que no debía confundirse «justicia popular» como la normatividad que se genera en la sociedad ante la ausencia del Estado, de aquélla que era impuesta por los grupos subversivos. Pero es innegable que ambas se tocan en más de un punto. Veamos.
Sendero Luminoso utilizó los asesinatos –en muchos casos masivos- para eliminar a sus adversarios políticos y, de esa manera, «despejar» el espacio social con la finalidad de ejercer el control absoluto sobre éste. Asimismo, la «justicia popular» fue el argumento utilizado para realizar literales masacres –como en Lucanamarca en 1983- en las que el motivo fue dar «un golpe contundente» a quienes habían osado retar su impuesta autoridad. Es decir, un acto dirigido a inhibir cualquier cuestionamiento vía el horror. Pero sería una media verdad afirmar que Sendero imperó ganando espacios a fuerzas que supuestamente se le contraponían o amenazaban su autoridad allí donde tenía influencia. Una explicación más pertinente a la rápida expansión de esta organización terrorista tendría que incorporar también la ausencia de los aparatos estatales que debían ofrecer vías de solución a los conflictos, así como la debilidad del propio tejido social que ante la inoperancia estatal tampoco pudo construir sus mecanismos alternativos. Es así como en un primer momento, el ejercicio de la justicia senderista pudo de alguna manera legitimarse pues actuaba sobre un vacío que debía ser cubierto de alguna manera.
Recordemos, como lo hace Henri Favre(3), que en el Ayacucho de los 80 «los poderes públicos ya casi no se ejercían». Sendero implantó su orden no sólo en el campo sino también en la ciudad de Huamanga, actuando como juez en los pleitos, percibiendo impuestos e, incluso, haciendo labores de policía. Allí, como también sucedería en otros lugares en años posteriores, Sendero perseguía y castigaba a supuestos delincuentes, «batía» drogadictos, hostigaba a los homosexuales y amenazaba a los bígamos. Si el escenario era rural, se hacía lo mismo con aquéllos que Sendero señalaba como «gamonales» o «terratenientes». Pero, la «justicia senderista» no radicó esencialmente en este tipo de funciones. Como dijimos líneas arriba, fue sobre todo una herramienta que tenía finalidad política. Por ello, los documentos que difundían por aquellos años siempre recalcaban cuestiones como «aniquilamientos selectivos» perpetrados contra los que denominaban «soplones, enemigos recalcitrantes de la clase y del pueblo y elementos con deudas de sangre», además, claro está, de todos aquellos que desempeñaban alguna función pública en el «Estado burgués». De igual manera, recordaban siempre que todo cuestionamiento a este proceder no era sino «el lamento hipócrita de algunos, que no es por el justamente aniquilado, sino simplemente la conciencia culpable de grandes burócratas opresores sobre cuyas cabezas pende la implacable justicia popular, que puede tardar pero llega».
UN PUNTO DE INFLEXIÓN
Existe otro vértice desde el cual la aplicación de la «justicia popular» por parte de Sendero puede ser analizada. También respondió a la estrategia contrainsurgente militarista del Estado peruano. Luego del retiro de las fuerzas policiales de la lucha contrasubversiva en diciembre de 1982, y su reemplazo por las fuerzas armadas, quedó en evidencia que el fracaso de la estrategia antisubversiva se debía a una práctica que terminaba por poner a la población al lado de los subversivos. Es decir, Sendero fue creando en el campo ayacuchano su denominado «Nuevo Poder» sin necesidad de haber derrotado previamente a grandes fuerzas armadas, como preconizaba su estrategia maoísta, pues estas fuerzas no habían ingresado al escenario de guerra.
La presencia de las fuerzas armadas fue crucial en el proceso de violencia política que vivió el país. Sus secuelas aún son materia de investigación y los costos producidos en términos de violaciones de derechos humanos está pendiente de evaluación. Sin embargo, una cuestión que resulta importante para nuestro análisis es que en la base misma de su estrategia contrainsurgente estuvo la organización de la sociedad para combatir a los grupos subversivos.
Desde fechas tempranas, como 1983, se vio la disposición de cooptar los comités de defensa civil, luego llamados comités de autodefensa o, de manera más genérica, rondas, que habían surgido espontáneamente cuando los campesinos asumieron que Sendero no aportaba ninguna solución sino, por el contrario, había empezado a ser parte de sus problemas. Tales grupos estaban pobremente armados con lanzas, cuchillos, piedras, hondas, etc., y eran lanzados al combate cuerpo a cuerpo. Los obligaban a combatir utilizándolos como escudos humanos del ejército, enfrentando campesinos contra campesinos. Esta estrategia buscaba reducir al mínimo las bajas militares, haciendo reposar en la población civil los costos de la guerra. Además, con los comités se buscaba no tanto ganar a los campesinos sino neutralizarlos, impidiendo su contacto con la insurgencia. Eran un medio para ocupar el territorio.
Los comités empezaron a proliferar rápidamente y, como era de esperar, se convirtieron en el blanco principal de los senderistas. Esto inauguró la etapa del «endurecimiento» de las huestes de Abimael Guzmán en el campo y, como sabemos ahora, el inicio de su derrota estratégica. Al pasivo acumulado por las fuerzas del orden respecto a violaciones de derechos humanos ahora se agregaba el provocado por las acciones senderistas.
Los integrantes de estas organizaciones fueron vistos por los senderistas como quinta columnas del orden imperante enquistados en «el pueblo» y, por lo mismo, prioritarios enemigos que había que «aniquilar». Como puede suponerse, el cumplimiento de esta directiva emanada de su Comité Central sólo podía realizarse de manera indiscriminada, asumiendo que era un «acto justo» el asesinato de todo aquél que alteraba de alguna manera sus planes políticos. De esta manera, como los propios senderistas evaluaron posteriormente, su derrota se produjo en una situación de total aislamiento social y habiendo perdido la legitimidad relativa que obtuvieron al inicio de su aventura.
- Justicia Popular. Lima: Fundación Friedrich Naumann, 1987.
- Las comunidades en el Perú. S/D, 1998
- «La insurgencia como escape a la desesperación. Ayacucho y el narcosendero». En Nexos 20, febrero de 1990.
