El viejo blog del Morsa

Daniel Manrique Vallier, quien fue parte del equipo responsable de elaborar la estadística de muertos y desaparecidos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ha circulado una carta respondiendo las tergiversaciones de Agustín Haya de la Torre, el nuevo aprista, que como recién llegado a la familia, tiene que pasar por su ritual de iniciación, esto es, traicionar a sus antiguos camaradas.

Aquí reproducimos la carta íntegra:

Hace un par de días, gracias a algunas personas amigas, me enteré de que el señor Agustín Haya de la Torre, miembro de la comisión de transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, me ha citado con nombre completo como el autor de “un estudio que contradice la cifra dada por la CVR”. Según él, “ni el propio gobierno creyó la versión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) respecto de que las víctimas del terrorismo fueron alrededor de 69 mil y encargó realizar un estudio que finalmente reveló un número significativamente inferior: 13,218”.

Debo dejar en claro que lo señalado por el señor Haya es una grosera distorsión de la realidad.

La consultoría a la que hace mención fue un trabajo que realicé en junio del 2005 a pedido de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, financiada por la Cooperación Técnica Belga. No se trató de ningún “estudio”, no tuvo naturaleza estadística y mucho menos contradice a la CVR. Lo que se me pidió fue crear una lista de víctimas del conflicto armado interno que pudiera servir como modelo e insumo base para crear un registro nacional de víctimas con miras a iniciar el proceso de reparaciones, usando exclusivamente la información de los testimonios que fueron directamente recopilados por la CVR entre noviembre del 2001 y febrero del 2003. Dado el propósito de la lista, sólo incluí en ella a las personas que reunieran los siguientes requisitos: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y detalles con cierto nivel de precisión sobre la fecha y lugar de los hechos que ocasionaron su muerte, por lo que se trata de un listado claramente incompleto.

No quiero ahondar en los procedimientos técnicos usados por la CVR para realizar el trabajo de acopio y contrastación de información, que han sido ya materia de suficiente discusión; sólo quiero señalar que la reconstrucción de casos fue un proceso con muchas etapas, algunas de las cuales no llegaron a completarse para todos los testimonios recogidos. Por diversas limitaciones, la fracción de testimonios que llegaron hasta la última etapa de procesamiento (que incluyó su calificación por parte de un equipo especial), fue sólo el 70% del total recibido, lo que de ninguna manera le resta valor alguno al 30% restante. Los testimonios recolectados por la CVR dan cuenta de alrededor de 24000 muertos y desaparecidos. De ellos, alrededor de 17000 están completamente identificados. De estos, sólo unos 13500 pasaron por todos los procesos de análisis. A esta cifra se refiere el señor Haya.

El trabajo de estimación estadística supone objetivos y procedimientos metodológicos diferentes. En este caso no se trata de identificar con la mayor precisión posible víctimas cuyos deudos tengan derecho a reparaciones individuales, sino de establecer un orden de magnitud general del conflicto que vivió la sociedad peruana entre 1980 y el 2000. La cifra de 69280 muertos y desaparecidos (o más precisamente el rango estadístico entre 61007 y 77552) se ha determinado aplicando técnicas estadísticas a todos los datos que recibió la CVR, incluyendo los de otras instituciones que venían sistematizando información desde la década de los 80 (como la Fiscalía de la Nación o las Fuerzas Armadas y Policiales). Para esta estimación, por cuestiones de rigor metodológico, se utilizaron sólo los registros con nombres y apellidos completos (paterno y materno) de todas las fuentes de información de las que dispuso la CVR, y que suman unos 25000. Afirmar que “sólo” hubo 13208 víctimas fatales durante los 20 años de conflicto es, por decir lo menos, una falta de respeto para miles de familias que han perdido a sus seres queridos y que todavía no han logrado ser identificados o registrados en un listado rigurosamente compilado. Como ha anotado Carlos Iván Degregori (Perú 21, 22 de julio de 2006), considerar la lista en cuestión como la verdad última borra de un plumazo, aparte de a miles de otros compatriotas, a la mayoría de víctimas apristas y a la mayoría los miembros de las fuerzas armadas y policiales asesinados, cuyos nombres no constan en los testimonios recibidos por la CVR, y de cuyas muertes nadie en su sano juicio se atrevería a dudar.

No es la primera vez que el señor Haya cuestiona la credibilidad de las cifras de la CVR. Sin embargo ésta es la primera vez que creo importante responderlas. A diferencia de sus anteriores “críticas”, que no pasaban de ser pintorescas estampas de la mañosería política criolla y cuyo paupérrimo nivel y débil argumentación deben haber quedado claras para cualquier persona que haya tenido oportunidad de leerlas (¿realmente alguien piensa que sólo son dignas de ser contabilizadas aquellas víctimas a las que se les hubiera seguido una investigación de carácter judicial?, ¿acaso en una fosa donde sólo se logra identificar 40 de 80 cuerpos, la mitad de las víctimas nunca existió?), en esta ocasión trata de sorprender a la opinión pública con argumentos aparentemente técnicos. No sólo ha usado mi nombre extrayendo conclusiones que no se desprenden de mi trabajo, sino que pervierte todo el sentido de éste, que es justamente poner una primera piedra al inicio del largamente pospuesto proceso de reconocimiento y dignificación de nuestros compatriotas asesinados durante el conflicto armado interno.